En el Senado un nuevo proyecto de ley que busca establecer la imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual de menores de edad.

La iniciativa fue presentada por la senadora nacional por La Rioja Clara Vega, de Hay Futuro Argentina, presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, afirmó que decidió impulsar esta ley “para que el sistema judicial acompañe a las víctimas más haya de la edad que tengan, y más allá del tiempo que les puede haber tomado hablar de lo que les sucedió, que puedan elaborar y cerrar su duelo, y por supuesto que los culpables reciban la pena que merecen”.

El texto de la norma propone modificar el artículo 67 del Código Penal para que éste garantice la imprescriptibilidad de delitos sobre la integridad sexual de menores de edad, asimilándolos como de lesa humanidad. De esta forma, se busca dar respuestas a las víctimas y a sus familias tras “actos aberrantes e inexcusables, cuyos efectos repercuten en todo el desarrollo de su vida”.

Si bien el proyecto destaca los avances en materia penal en cuanto a los delitos de integridad sexual contra menores, mencionando que desde 2015 el plazo de prescripción se suspende hasta que las víctimas formulen la denuncia, indica que “esta legislación tiene un vacío legal, ya que su aplicación sigue generando interpretaciones discordantes en los casos de abusos sexuales cometidos antes de la entrada en vigencia” de esta norma.

“Es por ello que se propone establecer el derecho de las víctimas a denunciar, y que su denuncia sea investigada por la Justicia sin importar la edad que tengan, de modo que los delitos cometidos no queden impunes (…) es necesario modificar y adaptar la ley para proteger a los menores y garantizar la persecución penal de los delitos consumados contra niños y niñas, sin importar el paso del tiempo”, agrega.

El Código Penal de la Nación dice que una víctima de abuso sexual tiene hasta 12 años para iniciar un proceso judicial contra el acusado. Este plazo, en materia de menores y desde la sanción de la Ley Piazza en 2011, dejó de contarse desde el momento del hecho y comenzó a computar desde que la víctima cumpliera los 18 años.