El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, informó este viernes que suspendió el pago a más de 4500 empleados públicos titulares del programa Potenciar Trabajo, en 14 provincias, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan por supuestas irregularidades en el otorgamiento del programa de asistencia social.

Según precisaron desde la cartera de Capital Humano, la investigación arroja que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan.

La investigación, llevada a cabo por el fiscal Marijuan, arroja que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de beneficiarios del Potenciar trabajo y de la nómina de empleados públicos de 14 provincias, 4588 personas presentarían incompatibilidad para acceder a dicho plan.

De acuerdo a lo informado, las provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó el martes pasado que el Gobierno Nacional había iniciado una auditoría “en todos los planes potenciar trabajo, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta”.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero señaló que, según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal federal Guillermo Marijuan, llegarían ser 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.

El fiscal investiga supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo y en relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible.

El funcionario judicial había pedido información al respecto a todas las provincias y ciudad de Buenos Aires y en base a lo ya recibido se hizo un entrecruzamiento de datos y se determinó la irregularidad.

La fiscalía investiga posibles delitos de “violación de deberes” de funcionarios públicos por omisión de controlar y “defraudación” y ya detectó 8535 casos.

La causa

Meses atrás, Marijuan había abierto una investigación preliminar después de que trascendiera información sobre el informe de la AFIP, un trabajo que señalaba características de más de 250.000 beneficiarios que parecían mostrar incompatibilidades entre los requisitos para recibir el salario social complementario y sus condiciones impositivas, entre otras.

Tal como publicó LA NACION, Marijuan basó su denuncia en una copia del informe que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remitió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz, en el que entrecruzó los registros de beneficiarios del Potenciar Trabajo. En ese análisis, el organismo tributario analizó la situación de casi 1,4 millón de personas con la información de los contribuyentes y detectó inconsistencias en un porcentaje elevadísimo.

De acuerdo al informe oficial de la AFIP que obtuvo el fiscal, de los 1.383.279 beneficiarios de planes sociales analizados surge que:

– 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil;

– 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil;

– 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales;

– 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave;

– 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad;

– 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior;

– 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros;

– 209 poseen medicina prepaga o cobertura social;

– 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación;

– 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera; y

– 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

Tras ello, a principios de diciembre el fiscal federal denunció penalmente a la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y al dirigente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social Emilio Pérsico por las supuestas irregularidades desprendidas en el otorgamiento del Plan Potenciar Trabajo.

Luego de las declaraciones testimoniales del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, Marijuan cuestionó que de los 253.000 planes que según un informe elaborado por la AFIP presentarían alguna irregularidad, el Ministerio de Desarrollo Social solamente haya dado de baja 2243.

En su declaración testimonial Castagneto dijo que el organismo lo que hace en todos los requerimientos es dar información técnica en función a las bases de datos que posee y respetando el secreto fiscal, aclarando que la AFIP no emite opinión. Ese informe generó un gran revuelo político que tuvo repercusiones en la Justicia pero, según el fiscal, no tuvo las consecuencias que debía haber tenido: la baja del total de los planes que supuestamente están mal concedidos.

En aquel entonces, desde la cartera que conducía Tolosa Paz dijeron que las cifras que arrojaba el informe no eran correctas ni bastaban para dar de baja a la cantidad de beneficiarios apuntada, y señalaron que era “estigmatizante”.