Legisladores radicales solicitaron al Ministerio de Desarrollo Social que especifique la cantidad y el porqué de las cesantías ocurridas la semana pasada.
Los días lunes 11 y martes 12 de abril intempestivamente, centenares de beneficiarios del Plan de Inclusión Social recibieron una llamada telefónica donde funcionarios de la administración provincial les comunicaban su cesantía.
En dichas llamadas especificaron que el móvil del despido era por el incumplimiento de los puntos de la aplicación “Saber”, procedimiento por el cual se “filtró” y eliminó del plan a algunas familias sanluiseñas.
Sin embargo, varios trabajadores han asegurado que, aunque los cumplieron, no se les han permitido acreditarlos.
Además, un segundo motivo por la quita del plan fue la participación en la manifestación realizada hace un mes atrás. Allí, muchas personas se habían reunido en rechazo a la nueva Ley de Inclusión Social, que “precariza y quita derechos a los trabajadores”.
“El gobernador en la apertura de las sesiones extraordinarias dijo que se sentía orgulloso de ser el creador del Plan de Inclusión Social, y ahora tenemos la novedad que varias han sido despedidos”, expreso Victor Sosa, del bloque UCR y Juntos x el cambio.
Entre los desafectados se encuentran madres solteras con hijos, mayores a los que se les dificulta reinsertarse en el mercado laboral, personas con enfermedades terminales y/o tratamientos.
También se cesó a personas que realizaban trabajos ocasionales o changas por fuera del Plan de Inclusión para sustentar a su familia, algo prohibido según la nueva reglamentación.
