Todos conocemos acerca de la discrecionalidad del oficialismo provincial en la asignación de los directivos de las distintas oficinas de la Administración Pública, específicamente hablando, del exiguo uso del criterio al momento de seleccionar funcionarios al frente de ANSES y PAMI.
A diario se cuestiona qué tan necesarios son estos nombramientos “externos”, teniendo en cuenta las limitadas o nulas competencias de muchos de estos personajes de la historia merlina para desarrollar un cargo que requiere atributos específicos y que, además, arrastran un pasado político para el olvido, pero sin dejar de parasitar al Estado.
La realidad es que cada oficina posee Personal Administrativo que desempeña labores desde hace muchos años y con la idoneidad suficiente para desarrollar sus actividades sin impedimento alguno, es decir, que la selección de cargos jerárquicos, podría realizarse de manera interna, escogiendo entre personas más competentes y experimentadas para el correcto funcionamiento del Organismo.
Esta situación, al ser analizada con detenimiento, permite encontrar un patrón de comportamiento que lleva a una conclusión: las oficinas bajo la órbita de la Administración Pública funcionan como verdaderos centros de refugio para políticos con carreras caducas que reciben una especie de retribución como premio a la obsecuencia, “un último favor” en la mayoría de los casos, o un lugar de amparo brindado por Ejecutivo Provincial para los que aún no se rinden y pretenden, de alguna forma, dar impulso a su imagen desgastada por el mal uso de sus facultades como agente público.
Basta con recordar la reciente gestión del Profesor Rody Flores al frente del Organismo unipersonal Municipal, para dudar de sus capacidades de gestión como actual jefe de ANSES en Villa de Merlo, contando en su haber con denuncias penales por Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Abuso de Autoridad y Negocios incompatibles con la función pública, habiendo dejado un Municipio con sus finanzas destruidas al igual que su infraestructura, quedando en la memoria colectiva como uno de los Gobiernos más nefastos y corruptos que han ejercido el Poder Público de nuestra Ciudad.
Lo propio sucede con el actual representante de PAMI, el ex Diputado Provincial Ricardo Chávez, quien se puede fácilmente describir como una figura con convicciones políticas camaleónicas, que ha sabido procrastinar toda acción referida al bien público, pasando casi desapercibido en su trayectoria, a pesar de haber sido la política su actividad principal desde hace décadas. Lo que si es innegable, es la flexibilidad con la que habilidosamente ha sabido adaptar sus principios a otros más convenientes, siempre que de eso dependiera continuar nutriéndose de las arcas del Estado y con el mayor sedentarismo posible.
Sobre lo que no hay dudas, es que existe un motivo fundamental por el que estos individuos que tanto daño han hecho a la política de nuestra Ciudad sigan desarrollándose en las Instituciones Públicas pese a su elocuente ineptitud, tornándose las mismas en “oficinas de paso” para intentar filtrar las percudidas imágenes de sus candidatos con objeto de una posterior “reutilización o reciclaje” o simplemente, para cumplir con favores pendientes y dar fin a un ciclo, en el que el perjudicado siempre es el pueblo y, sobre todo, los más vulnerables.
