Las investigaciones de este caso comenzaron en 2020 y pudieron detectar que una asociación, bajo la fachada de una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) denominada “Fundación Remar”, cuyo propósito era ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad; los hacía trabajar en la venta callejera o en distintas actividades vinculadas a los comercios de los cuales eran propietarios los titulares de la organización.

Las pesquisas establecieron que las maniobras ilícitas se desplegaban en todo el país, bajo distintas actividades comerciales. Pero también lograron demostrar las conexiones en Sudamérica y Europa, ya que los fondos obtenidos se enviaban a Uruguay, donde eran dolarizados, para luego ser enviados a España, lugar donde se ubica la sede central de esta fundación.

Con las pruebas recabadas, el Juzgado Federal de San Luis a cargo de Esteban Maqueda, (Secretaría Penal de María Belén Vila) y bajo la instrucción del fiscal Cristian Rachid, se ordenó un total de siete allanamientos en la capital provincial y en la localidad de Suyuque, donde obtuvieron  como resultado la existencia de más de 100 posibles víctimas del delito investigado.

Además se procedió al secuestro de casi 3 millones de pesos, más de 3.000 dólares estadounidenses; documentación y demás elementos de  interés para la causa.

Por ser un procedimiento de grandes magnitudes, en otros puntos del país fue la Gendarmería Nacional la que efectuó los allanamientos ordenados por la Justicia Federal de San Luis, por lo que se estima que entre las Fuerzas Federales, lograron establecer la existencia de aproximadamente 500 posibles víctimas de Trata de Personas por explotación laboral.

De las potenciales víctimas entrevistadas en San Luis, sólo cinco solicitaron ser trasladadas al “Refugio Municipal” de la ciudad capital, hasta que se les gestionen los pasajes en los próximos días, y de esa manera retornar a su  provincia natal.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del juez Maqueda, quien caratuló la causa como “Fundación Remar” Procuraduría de Trata y de Explotación de Personas”.